El Gobierno transfiere cerca de $6.500 millones para subsidiar el transporte en el interior

El Gobierno acaba de extender por otros dos años una medida implementada por el ex presidente Mauricio Macri para darle un poco de aire a las provincias mediante el traspaso de fondos para subsidiar al transporte público de pasajeros en donde funciona el llamado Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE).

Se trata de un fideicomiso creado en el 2018 por el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que ordenaba distribuir entre los gobiernos del interior cerca de $6.500 millones de un fideicomiso que fue creado por el Decreto 976 del 31 de julio del 2001 cuyos recursos provienen de un impuesto al gasoil y de una tasa vial que cobran las provincias donde funcionan empresas prestatarias de transporte público de pasajeros.

La norma se enmarcó en los reclamos que las provincias le hicieron al gobierno de Cambiemos después que se les quitaron los subsidios que la Nación distribuía para llevar adelante el ajuste acordado en ese momento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con esos fondos, los gobernadores venían subsidiando parte de los boletos de pasajeros para evitar aumentos desmedidos.

Ahora, y tras haber vencido la vigencia de esa norma, el gobierno de Alberto Fernández decidió prorrogar estos beneficios hasta el 2022. Lo hizo mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 15 del Ministerio de Transporte de la Nación.

La norma recuerda que la cartera que ahora conduce Mario Meoni sucribió acuerdos anuales con las petroleras comercializadoras de gasoil a precio diferencial para empresas de transporte público de pasajeros, así como a convenir las modificaciones que resulten pertinentes hasta el 31 de diciembre de 2022.

También se hace referencia a la potestad de Transporte de designar a los beneficiarios en el marco del fideicomiso que, en esta oportunidad serán las provincias y las refinadoras de hidrocarburos que suscriban el decreto "a los fines de brindar una mayor operatividad, expedición y transparencia; tal es la requerida como consecuencia de la dinámica propia del sistema cuya tutela se persigue, a cada una de las erogaciones que correspondan ser llevadas a cabo en el marco del mismo".

Y se recuerda que las tarifas de los boletos no deben sufrir cambios hasta el próximo 30 de abril para favorecer mayormente a los sectores de menores recursos y para "continuar brindando a aquellos sectores de la sociedad que presentan una mayor vulnerabilidad, igualdad de acceso al servicio público de transporte de pasajeros por automotor a toda la población en general y poniendo especial énfasis en la finalidad exclusiva y excluyente que reviste a los sistemas de atributo social y boleto integrado".

De hecho, la resolución establece que hasta el 30 de abril serán beneficiarios del fideicomiso los Estados provinciales donde exista el SUBE y que será el Banco Nación el que deberá transferir los fondos a los gobiernos del interior que a su vez deberán distribuir el dinero entre las empresas de transporte que operen en sus jurisdicciones.

En el caso de las petroleras, el artículo 2 de la resolución establece que deberán cerrar acuerdos de venta hasta el 31 de diciembre del 2022 y que también recibirán fondos "a efectos de operativizar la transferencia de las acreencias que surjan de la compensación a los cupos de combustible que les corresponda suministrar a las transportistas".