Ordenan seguir investigando a Ricardo Jaime por el Belgrano Norte

La Cámara Federal de Casación revocó su sobreseimiento y el de empresarios por la adjudicación de millones de pesos para la compra de vagones en esa línea


La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento del detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y ordenó que siga siendo investigado junto a empresarios por la reparación de vagones para la línea Belgrano Norte.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, consideró "prematura" la decisión de desvincular a Jaime y a los empresas de las compañías EMEPA S.A. y Ferrovías S.A.C.

En el caso se investiga la adjudicación en 2003 de 100.416.430,75 de pesos a la empresa EMEPA para la reconstrucción y reconversión de 120 coches de la línea ferroviaria Belgrano Norte. Una resolución del Ministerio de Producción sugería la remodelación de 80 coches.

En la causa están imputados Jaime, Luis María Guilligan -representante de EMEPA- y Pedro Militello, Alberto Cadenas, y Mario Passini, quienes integraban el Comité de Análisis y Adjudicación de la empresa Ferrovías y quienes recomendaron la adjudicación del dinero.


Tanto Jaime como el resto de los acusados fueron sobreseídos en primera instancia y por la Cámara Federal pero ahora Casación entendió que deben seguir siendo investigados.

Los camaristas señalaron este jueves que la desvinculación es "carente de fundamentos suficientes en las constancias de la causa y, correlativamente, se presenta prematura".

Jaime está preso en la cárcel federal de Ezeiza desde abril del año pasado en una causa en la que está procesado y con un pedido de envío a juicio oral por la compra de trenes chatarras a Portugal y España. También está enviado a juicio por presunto enriquecimiento ilícito durante los seis años que fue funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Además, tiene cuatro condenas: dos por dádivas en las que reconoció que cobró sobornos de empresarios a los que debía controlar. Las dos otras fueron por la tragedia ferroviaria de Once y por intentar robarse prueba de un allanamiento que se realizó en 2010 en su casa de Villa Carlos Paz, en Córdoba.