Coparticipación federal: una larga historia de conflictos entre la Nación y las provincias por la distribución de fondos
Desde la Reforma Constitucional de 1994 está pendiente el debate en el Congreso de una nueva ley para reformularla que nunca se debatió. Requiere que las 24 provincias estén de acuerdo, pese a que unas suman y otras restan
Luego de 3 días de protestas de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández decidió cambiar la distribución automática de los recursos que recauda la Nación a las 24 jurisdicciones, quitándole a la Ciudad un punto porcentual de los casi 5 que recibe actualmente, para poder dar respuesta a la demanda de aumentos salariales que el gobernador Axel Kicillof no está en condiciones de satisfacer por el deterioro de las finanzas del distrito.
Más allá del estancamiento que arrastra la economía desde hace una década, cuando también gobernaba el peronismo, la historia de insatisfacción por el reparto de los impuestos a la provincia de Buenos Aires, pero también a las grandes, como la Ciudad Autónoma, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, entre otras que fueron perdiendo recursos percibidos por la Nación pero generados en sus distritos, lleva más de 25 años.
Por mandato de la reforma constitucional de 1994, el Congreso Nacional debía convocar al tratamiento de un nuevo Régimen de Coparticipación Federal, sobre la base de criterios económicos y fundamentalmente sociales. Pero nunca se pudo avanzar porque requería de un “Convenio Marco" de las 24 jurisdicciones, con absoluta unanimidad, en la que algunos cedan y otros ganen recursos, excepto que se acepte un único perdedor: el Estado Nacional.
La historia de insatisfacción por el reparto de los impuestos de la provincia de Buenos Aires, pero también de las grandes, como la Ciudad Autónoma, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, entre otras que fueron perdiendo recursos percibidos por la Nación, pero generados en sus distritos, lleva más de 25 años, para no ir más lejos
De ahí que una vez más, y a pocos días en que el Gobierno nacional debe presentar al Congreso el Proyecto de Presupuestos de Gastos y Recursos para 2021 y previsiones plurianuales, el Poder Ejecutivo Nacional decidió apelar a su discrecionalidad y cambiar por decreto la distribución automática de fondos a favor de la provincia de Buenos Aires y en detrimento de la CABA, apelando a criterios simplificados de generación de riqueza por habitante, población y de necesidades básicas insatisfechas.
En esa simplificación se pierde usualmente de referencia que muchos habitantes del Gran Buenos Aires no sólo generan sus ingresos en CABA, sino que además utilizan los servicios públicos de educación, sanidad y seguridad física del distrito que se nutren de recursos propios, dado que diariamente se movilizan a la capital federal casi 4 millones de personas, más que duplicando la población residente en forma permanente.
De ahí que si en la filmina que mostró el Presidente para justificar la quita de recursos administrados por Horacio Rodríguez Larreta para girarlos al gobierno de Axel Kicillof, se tomara como referencia el total de la población estable y transitoria diariamente en la Ciudad se obtendría que el gasto per cápita en seguridad se reduce de $16.901 a unos $7.420, apenas un 10% más alto que en la provincia; y los cargos en seguridad por cada 100.000 habitantes pasaría de 1.063 a unos 470, un 17% menos.
Muchos habitantes del Gran Buenos Aires no sólo generan sus ingresos en CABA, sino que además utilizan los servicios públicos de educación, sanidad y seguridad física del distrito que se nutren de recursos propios, dado que diariamente se movilizan a la capital federal más de 3 millones de personas
Técnicamente, la Oficina de Presupuesto del Congreso recuerda la definición de Coparticipación Federal de Impuestos del experto Pedro Farías: “Es un sistema universal que unifica la programación y recaudación de ciertos impuestos para su redistribución posterior entre las distintas jurisdicciones, lo que genera actos de administración de los mismos, por un lado, y actos de transferencia por el otro”. El objetivo del régimen es de “coordinación fiscal y otro netamente distributivo”, los estados más ricos financian a los más pobres, o a los que tienen mejor relación con el gobierno central.
