Corrupción, algo puede empezar a cambiar

La Security Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos es un faro que guía a los países que comienzan a andar en la senda de las buenas prácticas. Algo así como un espejo adonde mirarse.

Cuando hace 17 años el país estalló por los aires y parió la salida del régimen de Convertibilidad, un economista inglés que andaba por estas pampas fue categórico en el análisis: "El problema de la Argentina no es si va a elegir gobiernos con políticas de derecha o de izquierda. El problema argentino es la corrupción".

La corrupción en sus variadas formas, el soborno, los negociados con la obra pública, la coima a toda escala, parece ser un mal engarzado en lo más profundo del ADN nacional. La mecánica se volvió uso y costumbre, y hacer la vista gorda fue un ejercicio permanente.

Tanto es así que hasta hemos sabido forjar al calor de nuestras malas costumbres el verbo Atalivar, que se desprende del nombre de Ataliva Roca, el hermano mayor del entonces presidente Julio Argentino, famoso por los negocios turbios que llevó adelante con el Gobierno.

Lo hemos visto casi todo en materia de negocios sucios. Desde el contrabando colonial, el negociado de las tierras tras la denominada Conquista del Desierto, la estatización a mansalva de empresas de servicios, la privatización de las mismas favoreciendo a determinados grupos empresarios, el caso de la Banelco comprando voluntades en el Congreso y los bolsos llenos de dólares de la gestión K.

¿Qué queda para Cambiemos? Aun es prematuro saberlo, como que la perdiz no suele saltar cuando el Gobierno está en funciones. Pero para muestra basta un ejemplo: aquellos encargados de aprobar el pago de dólar a futuro, maniobra monetaria pergeñada en el final del kirchnerismo, habían comprado dólar a futuro cuando no estaban en funciones. Negocio redondo.

Cuando uno repasa la cadena de hechos de corrupción y advierte el entorno cultural en el cual vivimos y donde la trampa se ha enraizado, atravesando ya varias capas geológicas, cuesta ser optimista. Pero algunas cosas, parece, pueden empezar a cambiar a partir de un renovado marco legal.

El 1 de marzo entró en vigencia la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal Empresaria, que "establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal".

Dicho en criollo, desde ahora no será perseguido por la ley sólo el empresario que sobornó o realizó negociados en su trato con el Estado o con otros privados, sino que la Justicia cargará también sobre la empresa. Es decir, el hecho delictivo pone en riesgo el capital invertido, la reputación de la compañía, el acceso al crédito, entre otras cosas. Como suelen explicar los especialistas, las personas podían escaparse, darse a la fuga, en cambio la empresa está ahí y puede ser castigada con severas multas.

Según explican desde el Gobierno, el cambio de foco obliga a que las compañías monten un programa de Integridad destinado a darle transparencia a su accionar. Esto será opcional, salvo para las empresas que participen en las licitaciones de obras públicas.

El nuevo marco se da la mano y se complementa con la Ley 27.304, denominada del Arrepentido. Esta normativa crea la figura que posibilita que un empresario o empleado denuncie a la firma en la que trabaja, o se autodenuncie, en caso de que la misma haya incurrido en hechos de corrupción con el Estado o con otros privados. A partir de aquí la lógica cambia: la transparencia no sólo debe ser exigida al funcionario público.

Si la elite empresaria argentina, aquella que suele ser protagonista habitual de las licitaciones de la obra pública, se sacudirá de encima las viejas mañas, es un albur. Los que justificaban su accionar corrupto de sobornos a funcionarios para ganar obras bajo el argumento de "era la única manera de poder trabajar", deberán saber que tal vez ahora tengan en el seno de su compañía la semilla de su propia condena.

Cargar contra le empresa, pegar en el bolsillo, a veces es mucho más doloroso que afectar la simple reputación de un empresario al que poco le importa el escarnio. De allí que la aplicación de fuertes multas, la restricción en el acceso al crédito y la baja de la reputación en los mercados internacionales puede ser un correctivo más que eficiente.

La Security Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos es un faro que guía a los países que comienzan a andar en la senda de las buenas prácticas. Algo así como un espejo adonde mirarse. El organismo creó hace tiempo ya una unidad específica para investigar y castigar a las compañías que obren de manera equivocada.

Sólo en este año sancionó a 13 empresas con multas millonarias. A saber: Stryker Corp (u$s 7.800.000); Petróleo Brasileiro SA (u$s 1.780.000); Patricio Contesse González (u$s 125.000); United Technologies (u$s 14 millones); Sanofi (u$s 25 millones); Legg Mason (u$s 34 millones); Credit Suisse Group (u$s 47 millones); Beam Suntory (u$s 8 millones); Panasonic (u$s 143 millones); y siguen las firmas.

Entre los casos de corrupción empresarial más común se encuentran el insuficiente control interno en el área contable, blanqueo de dinero, pagos masivos de coimas, violación de normativas específicas, sobornos para facilitar la venta de equipamiento al Estado, pagos para obtener contratos en el exterior, entre otros.

Detrás de la política de la SEC se ha encolumnado buena parte del mundo, desde las Naciones Unidas hasta la OCDE, el club de los países más desarrollados. Gran Bretaña también profundizó estas políticas y, como ejemplo de que no debe haber consideraciones especiales, sancionó a la mítica Rolls-Royce con una multa de casi 500 millones de libras tras cuatro años de investigación.

Brasil post Lava Jato hizo un mea culpa y, entre otras cosas, acordó que Petrobras pagará u$s 2.950 millones en indemnizaciones a los inversores de los Estados Unidos y una multa de u$s 853 millones a la Justicia estadounidense.

El espíritu de la nueva ley argentina busca advertir y disciplinar a los principales miembros del Club de la Obra Pública, pero también derramar una nueva lógica sobre la cadena de valor de las grandes compañías, llegando a las pymes que articulan sus negocios no sólo a nivel nacional sino también en los resbalosos niveles provincial y municipal. El tiempo dirá si comenzamos a transitar por el camino correcto.