El gobierno de Trump vuelve a reactivar la pena de muerte

En la desesperante lista de espera para ser ejecutados hay hoy 2.673 condenados, incluyendo las jurisdicciones estatales.

La aplicación de la pena de muerte como castigo para algunos delitos graves ha sido rechazada por más de un centenar de países, desde el año 2015. Si a las derogaciones normativas de la pena capital se suma la situación de otros países que –en cambio- la mantienen vigente, pero que en los hechos ya no la aplican, aproximadamente tres cuartas partes de los países del mundo no recurren hoy a ese tipo de penalidad considerada, con razón, por muchos como absolutamente inhumana.

Tres de los países más grandes del mundo –al menos en términos de población- mantienen, desgraciadamente vigente, sin embargo, la pena capital. Los Estados Unidos, que en el año 2017 aplicaron judicialmente esa pena a 41 condenados y ejecutaron efectivamente a 23 delincuentes. La India, que no la aplica desde el 2015, pero que, siempre en el año 2017, dispuso nada menos que 109 condenas a muerte adicionales. Y China, que mantiene en total secreto todo lo referido a la pena capital, pero que, según Amnesty International, ejecuta cada año a varios miles de prisioneros, sin dar cuenta de ello.

Lo cierto es que los 56 países del mundo que aún mantienen vigente la pena de muerte tienen, en conjunto, unos 5.000 millones de habitantes, y que, en cambio, los 147 países que la han abolido tienen, en conjunto, unos 2.500 millones de habitantes.

El presidente Donald Trump es, desde hace años, partidario abierto de aplicar la pena de muerte, particularmente a aquellos que han sido condenados por asesinar a menores de edad o a ancianos o a algún miembro de las fuerzas de seguridad. Por esto, no es demasiado sorpresivo que su administración anuncie ahora que pronto pondrá fin a la moratoria que, de hecho, está en vigor desde el año 2003 y ejecutará a 5 condenados en una prisión federal en el estado de Indiana. (“Terre Haute”).

En total, en todos los Estados Unidos, hay más de 2.600 delincuentes condenados a muerte, de los cuales sólo 62 lo han sido en jurisdicción de los tribunales federales. Entre ellos, el autor del cobarde atentado contra quienes participaban en la maratón de Boston, y el supremacista blanco responsable de la masacre perpetrada en una iglesia de Charleston, en Carolina del Sur, en el año 2015.

La resistencia a la aplicación de la pena capital no sólo se fundamenta en su evidente carácter de inhumana, sino también en las decenas de inocentes que –según se ha comprobado, más allá de toda duda razonable- existen entre quienes han sido condenados a muerte. A lo que se suma la repulsión que se refiere al método utilizado, que hoy básicamente consiste en la aplicación de una inyección absolutamente letal, de pentobarbital.

ELECTORALISMO

El anuncio norteamericano del regreso a utilizar la pena de muerte en jurisdicción federal tiene, según cabe presumir, alguna vinculación con las elecciones presidenciales del año próximo. Donald Trump ya anuncia que uno de sus principales postulados es el hacer respetar la ley y mantener a su país en orden. Sus propuestas en ese sentido incluyen ciertamente la aplicación de la pena de muerte, incluyendo a los narcotraficantes. Para Trump, los abolicionistas son, en su particular visión, progresistas que tienen una condenable “visión socialista” del mundo.

En contrapartida, el Partido Demócrata tiene en su propia plataforma electoral la intención de impulsar la abolición de la pena de muerte. Curiosamente, el ex vicepresidente Joe Biden, transformado ahora en candidato presidencial de ese partido que, en 1994, se proclamó partidario de aplicar la pena capital, acaba de cambiar radicalmente de posición. Fundamentalmente porque se ha comprobado que, desde 1973, 160 condenados a muerte habían sido previamente víctimas inocentes de errores judiciales descubiertos tras el dictado de la sentencia capital. Por esto, a pesar del progreso que el mundo exhibe en dirección a dejar de lado la pena de muerte, la administración federal de los Estados Unidos acaba de cambiar de bando y se encamina a ponerla efectivamente en vigor.

Por ello el Procurador General, William Barr, acaba de ordenar la ejecución de cinco condenados a muerte, las que concretamente ocurrirán en diciembre de este año y en enero del próximo.

La pena capital –recordemos- fue declarada ilegal por la Suprema Corte del país del norte en 1972. No obstante, ese alto tribunal cambió de posición apenas cuatro años después. En 1988, a nivel federal, la pena de muerte fue efectivamente re-establecida.

Entre 1998 y el 2018 se dictaron, sólo en el fuero federal de los Estados Unidos, 18 condenas capitales. Sólo tres personas fueron, no obstante, ejecutadas en esas dos décadas.

En la desesperante “lista de espera” para ser ejecutados hay hoy 2.673 condenados, incluyendo las jurisdicciones estatales.

CAMBIO DE OPINION

La opinión pública norteamericana parece haber ido –lentamente- cambiando sensatamente de posición, en dirección a abolir las ejecuciones. Tanto a nivel nacional, como estadual.

La pena capital hoy existe en nada menos que 29 Estados de la Unión. Texas es el Estado que –individualmente- más la aplica, habiéndola utilizado 561 veces, desde el año 1976. Le siguen Virginia y Oklahoma, con un poco más de un centenar de ejecuciones cada una, en ese mismo lapso temporal.

El caso del español Pablo Ibar ha vuelto a poner sobre la mesa el intenso debate sobre la legitimidad de la pena capital en los EEUU. Una vez más, para tratar de abolirla (por cruel, inhumana y degradante) se invocan la dignidad de la persona humana y el derecho a la vida, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948, en su Artículo 3º. Pero no todos están dispuestos a reconocerlos plenamente en todas las circunstancias, según ha quedado visto.