Bolsonaro dijo que no es dictador y que recorta el presupuesto para no terminar como Dilma Rousseff

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó ser un "dictador" y dijo que no infringirá la ley fiscal para evitar sometarse a un proceso de juicio político como el que destituyó a la mandataria DIlma Rousseff en 2016, al justificar el nuevo recorte en el presupuesto, por la perspectiva negativa de crecimiento para este año.

Por decreto, Bolsonaro recortó 368 millones de dólares del presupuesto nacional a raíz de la caída en la estimación del crecimiento para 2019 y explicó que si no tomaba esa medida iba a ser acusado de violar la Ley de Responsabildad Fiscal, el motivo por el cual fue destituida Rousseff, del opositor Partido de los Trabajadores.

"No soy una Dilma con pantalones", dijo Bolsonaro a periodistas al justificar el recorte, que afectará en mayor medida a los ministerios de Ciudadanía y de Educación, este último el que más ajuste lleva en la gestión iniciada el 1 de enero.

En diálogo con los periodistas en medio de una turbulencia política en el país, Bolsonaro defendió la medida como un "corte pequeño de un presupuesto que estaba sobreestimado".

El ministro de Economía, Paulo Guedes, había iniciado el año previendo un crecimiento del 2,3 por ciento pero los analistas del informe Focus del Banco Central prevén que el avance del PBI del principal socio de la Argentina será de 0,81 por ciento.

"Si hay una ley, tengo que seguir la ley, no soy un dictador ni un Dilmo, entre la crítica y el impeachment me quedo con el ajuste", dijo Bolsonaro, que pronunció por primera vez el caso de la destitución de Rousseff.

Voces opositoras y juristas advirtieron que Bolsonaro puede ser sometido a un juicio político por falta de decoro, con el nuevo escándalo que acumuló el lunes, al negar la veracidad de las pruebas que tienen las Fuerzas Armadas sobre la dictadura (1964-1985), régimen al cual el ex capitán del Ejército reivindica.

Bolsonaro destacó la declaración de su colega estadounidense, Donald Trump, de apoyo a la designación de su hijo, el diputado y policía federal Eduardo Bolsonaro, como embajador brasileño en Washington.

"Está todo en marcha para indicar a mi hijo embajador", dijo Bolsonaro a periodistas en alusión al envío del pliego al Senado.

En tanto, en el marco jurídico, Bolsonaro enfrenta las consecuencias de su declaración sobre un activista desaparecido en 1974, el padre del actual presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz.

Santa Cruz pidió al Supremo Tribunal Federal (STF) que Bolsonaro aclare las "ofensas" realizadas contra la memoria de su padre.

Bolsonaro declaró el lunes que "puede contar" cómo desapareció Fernando Santa Cruz y horas después sostuvo, pese a la evidencia oficial de la incineración del cuerpo, que lo habían asesinado sus compañeros de militancia y no los militares.

Esta declaración generó una ola de repudios incluso de aliados, como el gobernador paulista, Joao Doria, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien apoyó a Bolsonaro en la elección de 2018 pero ahora dijo "no estar alineado" con él , aunque sí con la agenda de apertura económica y de reformas del ministro Guedes.

Bolsonaro lleva adelante un gobierno con políticas sociales vinculadas a la extrema derecha combinado con un plan económico neoliberal.

El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado pidiendo a Bolsonaro compartir informaciones sobre la desaparición por ser un "deber jurídico susceptible a sanciones".

La ex presidenta Rousseff declaró al sitio de noticias UOL que parte de la elite brasileña está "avergonzada" por haber apoyado a Bolsonaro.

"Este es un gobierno neoliberal y neofascista y esta visión incomoda al centro, a la derecha más civilizada, a la centroderecha liberal. Ellos creían que iban a tutelar a Bolsonaro, civilizarlo", afirmó Rousseff.

Cuando Rousseff fue desttiuida por el Congreso en 2016, Bolsonaro saltó a la fama mundial al votar a favor del impeachment con un discurso homenajenado al ex militar Carlos Brilhante Ustra, el jefe de torturas de la policía política, a quien calificó como "el pavor" de la torturada ex mandataria.